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Gary McKinnon luchó
durante más de 10 años contra la extradición a los Estados Unidos, donde
arriesgaba entre 60 y 70 años de cárcel y el pago de una indemnización de 2
millones de dólares por intrusión informática en el período de febrero de 2001
a marzo de 2002. La apelación en la última instancia británica de apelación, un
panel en la Cámara de los Lores. Después de la audiencia, los integrantes de la
Cámara disponen hasta de 3 semanas para anunciar su decisión. Gary McKinnon
admite haber realizado las intrusiones de las que se le acusa. Sin embargo,
cuestiona el calificativo de terrorista con que se le ha tratado luego de
intervenir sistemas militares estadounidenses.
En 2002 fue detenido y
confesó haber intervenido en 1997 los sistemas TI de las fuerzas armadas
estadounidenses y de NASA. McKinnon explicó que su
única intención había sido encontrar información sobre Ovnis y proyectos militares secretos. En 2006, el tribunal
supremo británico falló que McKinnon podría ser extraditado a EE.UU, por lo que
su abogado elevó una apelación ante la última instancia judicial posible, la
Cámara de los Lores. Los lores presentaron su conclusión, que autoriza la
extradición.
El abogado de McKinnon
recurrió al tribunal europeo de derechos humanos, con el fin de evitar la
extradición. El abogado destacó que el marco punitivo es totalmente
desproporcionado para los cargos que se imputaban a su cliente. Sin embargo,
Estados Unidos califica el caso como “el mayor ataque militar cibernético de su
historia", antes del incidente de Julian Assange, por lo que se proponía
invocar la ley antiterrorista al procesar a McKinnon y enviar al hacker a
prisión por el resto de su vida.
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